En los últimos meses han ocurrido dos hechos de racismo en Cartagena que prendieron las alarmas en la ciudad. El más reciente ocurrió hace dos semanas cuando varios jóvenes cartageneros y afrodescendientes intentaron ingresar a una discoteca en el centro colonial de la ciudad. El personal de seguridad les impidió el ingreso porque no cumplían con el «código de vestimenta». Sin embargo, apenas unos minutos después, vieron que varios turistas europeos o estadounidenses, todos blancos, ingresaron sin inconvenientes, aunque apenas vestían camisetas y pantalonetas, como si recién hubiesen salido de la playa.
El otro incidente ocurrió hace varios meses, cuando dos jóvenes afrodescendientes caminaban por una plaza del centro y fueron abordadas por funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, que les dijeron que no podían circular por la plaza. Las jóvenes denunciaron el hecho ante la justicia y un juzgado municipal ordenó al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que les ofreciera disculpas por lo que se calificó como un acto de discriminación. En un escueto comunicado, el alcalde presentó el suceso como un malentendido y prácticamente responsabilizó a las víctimas de haber malinterpretado las señales.
Ambos sucesos ocurrieron en la Plaza de los Coches. Esta fue, desde los primeros días del nuevo gobierno, el epicentro de su política de control policivo de las áreas turísticas y del centro histórico. La Alcaldía, inclusive, cerró la plaza con vallas para regular el acceso, una medida pensada, sobre todo, para impedir el ejercicio del trabajo sexual en el sector. Esta medida, que formaba parte del Plan Titán —la estrategia de seguridad de la Alcaldía que, hasta la fecha, no ha rendido sus frutos—, impactó negativamente a los vendedores ambulantes, quienes vieron limitado el acceso a su lugar de trabajo.
Los sucesos en torno a la plaza son una expresión de uno de los problemas históricos del turismo en el Caribe: la existencia de prácticas que regulan el acceso a las áreas turísticas y que privilegian a los turistas, mientras restringen o condicionan el acceso de los ciudadanos. En ciudades como Cartagena, este tipo de medidas afectan particularmente a mujeres y personas afrodescendientes, cuyos cuerpos son criminalizados al ser percibidos como transgresores o ajenos a los espacios turísticos.
Este problema se origina, al menos, por tres factores: primero, la relación de desigualdad económica entre turistas y residentes, que les permite a los primeros, en virtud de su capital económico, acceder a espacios virtualmente vedados a los residentes; segundo, los esfuerzos históricos para establecer la segregación espacial entre turistas y residentes bajo la premisa de la exclusividad; y, tercero, los imaginarios racistas que criminalizan a las personas negras y ven en su presencia y uso de los espacios públicos una amenaza o una transgresión del paisaje turístico.
En otros lugares del Caribe, estos mismos factores han dado lugar a manifestaciones extremas de racismo, como ocurrió en Nassau (Bahamas) a inicios del s. XX, donde se implementó un modelo de segregación racial que parecía una copia del modelo segregacionista del sur de Estados Unidos. En Cartagena se manifestó de manera más sutil, pero no menos efectiva: a través de la persecución sistemática de las ventas ambulantes, practicada en su mayoría por personas negras, o mediante la implementación de medidas que desalentaban el acceso de los ciudadanos a las áreas turísticas, con el fin de preservar su exclusividad. Ambas medidas tenían sanción oficial y eran ejecutadas por las fuerzas de policía.
Así las cosas, no es coincidencia que en la actualidad el uso de códigos de vestimenta o la reserva del derecho de admisión —criterios supuestamente desprovistos de sesgo racial— afecte a ciudadanos afrodescendientes, particularmente en el contexto de las áreas turísticas. Este tipo de prácticas no surgen de la nada y, por el contrario, tienen bases históricas que se han perpetuado y actualizado a pesar de los avances en materia de derechos ciudadanos.
Estamos, entonces, ante un problema de raíces históricas y estructurales cuya solución requerirá acciones de igual nivel. Hay que comenzar por establecer un modelo de desarrollo turístico que no se sustente en la segregación espacial y que no fomente aún más la desigualdad de base entre ciudadanos y turistas.
Orlando Deavila Pertuz 