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En los últimos días ha habido un intenso debate sobre la decisión del gobierno de Gustavo Petro de restarle financiación al programa de Colfuturo, una iniciativa privada que concedía becas-créditos condonables para estudios de maestría y doctorado. Este programa ha otorgado más de 17 mil apoyos a colombianos y colombianas. Sin embargo, el gobierno decidió no seguir aportando recursos públicos a este programa porque tenía un esquema que favorecía desproporcionadamente a los estratos 4, 5 y 6. Cerca del 70% de los apoyos otorgados iba a parar a este segmento de la población. Sabemos que la clasificación por estrato no necesariamente es representativa de la realidad socioeconómica de la población, pero podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que este programa favorecía, fundamentalmente, a aspirantes de clase media y alta y que, por demás, provenían mayoritariamente del interior del país. El director de Colfuturo, Jerónimo Castro, decía que en “la selección de los beneficiarios no miramos el estrato”. Cosa que debieron haber hecho, porque así se habrían dado cuenta de que sus procesos de selección tienen un sesgo de clase no implícito que favorece unos sectores por encima de otros. Y disponer de recursos públicos para financiar un esquema tan sesgado es, por decir lo menos, irresponsable.

Ya dicho esto, tiene sentido que el gobierno esté reconsiderando su apoyo a Colfuturo, dado que no se ajusta a sus líneas programáticas de favorecimientos de sectores sociales históricamente desfavorecidos. El gobierno dice que va a reorientar dichos recursos a los programas de becas que ofrece Minciencias que ofrece apoyos económicos (no créditos), por un monto superior al que ofrecía Colfuturo, que brinda apoyos para el desarrollo de la propuesta de investigación, cosa fundamental en los estudios doctorales, y que concentra el 96% de los apoyos en los estratos 1, 2 y 3. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, también hay que leer la letra menuda. Los apoyos económicos que brinda Minciencias son, casi exclusivamente, para cursar estudios en Colombia. Esto, naturalmente, ha permitido ampliar la base de beneficiarios, ya que resultaba costoso financiar estudios de posgrado en el extranjero debido a la tasa de cambio desfavorable del peso colombiano. Recordemos que, hasta hace algunos años, los beneficiarios del entonces Colciencias que cursaban estudios fuera del país pasaban penurias para sostenerse, debido a que los aportes en pesos eran insuficientes para vivir en el extranjero. Por otro lado, estas becas que hoy ofrece Minciencias se han convertido en una tabla de salvación para muchos programas de posgrado en el país que solo alcanzan el punto de equilibrio con los estudiantes becados por la entidad. Yo he enseñado en programas con cohortes de solo dos estudiantes, ambos becados, porque, debido al alto costo de la matrícula, no hay estudiantes que puedan costear sus estudios por cuenta propia. Hay que señalar que estos posgrados dependen de estas matrículas para su operación, dado que están obligados a autofinanciarse.

Desde la lógica de la agenda programática del gobierno, tiene sentido apostar a un modelo propio de financiación de becas de posgrado, basado en un criterio de accesibilidad o de priorización de la oferta académica del país. Pero esto nos plantea otro problema. El gobierno no puede desestimar la importancia de la formación de capital humano en el extranjero, lo cual es fundamental para el intercambio de conocimientos, más aún en un contexto marcado por el auge de las nuevas tecnologías de la información. Esto es sumamente necesario. El país se enriquece de los y las jóvenes que se forman en el extranjero y luego regresan para poner en práctica lo aprendido y complementar los procesos de generación de nuevo conocimiento que llevábamos a cabo en las instituciones nacionales.

Por supuesto, esto supone un esfuerzo económico importante. Pero también hay otros caminos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ha hecho un buen trabajo al dar a conocer ofertas de becas en el extranjero para colombianos y colombianas. Pero para garantizar que nuestros estudiantes puedan beneficiarse de estas ofertas, hay que trabajar en el fortalecimiento de sus capacidades blandas y duras. Las capacidades blandas son habilidades interpersonales y emocionales, mientras que las duras son conocimientos técnicos y específicos. Ambas son esenciales para el desarrollo profesional. Las capacidades blandas incluyen habilidades como comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de problemas, adaptabilidad y el liderazgo. Las duras incluyen otras el manejo de software, idiomas, análisis de datos, etc. Y es la disposición de estas habilidades la que a veces limita el acceso a oportunidades de becas en el extranjero y, sospecho, eran las que permitían que los créditos-beca de Colfuturo se concentraran en la clase media y alta. No es que los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 carezcan por completo de estas habilidades. Solo que, en contextos de desigualdad, les resulta mucho más difícil consolidarlas. El gobierno debe, entonces, ahondar en los esfuerzos para potencializar las capacidades de los estudiantes más desfavorecidos, que cuentan con récords académicos que no tienen nada que envidiarles a los estudiantes de los estratos más altos, pero que a veces no han logrado madurar las habilidades necesarias para competir en los programas de selección de becas y créditos, ya sea en Colombia o en el extranjero.

Acá tengo que hablarles de mi experiencia personal. Yo me formé en una universidad pública del país. Cursé mis estudios de posgrado en Estados Unidos. No conté con ninguna beca. No había mayores opciones en ese entonces, aunque ya existían las becas-crédito de Colfuturo, con sus sabidas limitaciones y sesgos. Yo crecí en un barrio de estrato 2; fui el primer profesional de mi familia y sobra decir que en casa no había recursos para costearme estudios de posgrado, ni en Colombia ni, mucho menos, en el extranjero. Por lo tanto, apliqué directamente a mi alma máter en Estados Unidos. Fui admitido y se me ofreció un “assistanship”, un esquema en el que al estudiante se le exime del pago de la matrícula y se le concede un estipendio modesto a cambio de trabajar para la universidad. Desde luego, para ser admitido era necesario demostrar un dominio básico del idioma inglés, es decir, una de las capacidades blandas de las que ya les había hablado antes. Cuando terminé mis estudios de pregrado, mi nivel era insuficiente. Y si pude invertir tiempo y recursos en el estudio del inglés, fue gracias a un programa de Colciencias llamado “Jóvenes Investigadores e Innovadores”. Este programa financiaba una experiencia de investigación durante 12 meses. Y, entre sus objetivos, estaba adentrar a los egresados en el entorno de la investigación, además de potenciar sus habilidades duras y blandas. El programa aún existe, pero no tiene el alcance de hace unos años. Fue desmantelado durante el gobierno de Juan Manuel Santos y hoy tiene un sesgo epistémico que dificulta la posibilidad de aspirantes de las ciencias básicas y las humanidades. En fin, ¿A qué voy con esto? El gobierno puede apostar a este tipo de iniciativas de formación para los estudiantes más desfavorecidos, de modo que estas les faciliten la postulación a ofertas de becas de posgrado en Colombia y en el extranjero. Este tipo de iniciativas puede articularse con los esfuerzos de universidades públicas o privadas donde se concentre este segmento de la población.

El panorama de la educación superior actualmente es difícil. La reforma a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior, promete hacer justicia a los enormes esfuerzos que realizan las universidades para brindar una educación accesible y de calidad. Pero es necesario optimizar la gestión de los recursos para multiplicar sus efectos.

En los últimos meses han ocurrido dos hechos de racismo en Cartagena que prendieron las alarmas en la ciudad. El más reciente ocurrió hace dos semanas cuando varios jóvenes cartageneros y afrodescendientes intentaron ingresar a una discoteca en el centro colonial de la ciudad. El personal de seguridad les impidió el ingreso porque no cumplían con el «código de vestimenta». Sin embargo, apenas unos minutos después, vieron que varios turistas europeos o estadounidenses, todos blancos, ingresaron sin inconvenientes, aunque apenas vestían camisetas y pantalonetas, como si recién hubiesen salido de la playa.

El otro incidente ocurrió hace varios meses, cuando dos jóvenes afrodescendientes caminaban por una plaza del centro y fueron abordadas por funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, que les dijeron que no podían circular por la plaza. Las jóvenes denunciaron el hecho ante la justicia y un juzgado municipal ordenó al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que les ofreciera disculpas por lo que se calificó como un acto de discriminación. En un escueto comunicado, el alcalde presentó el suceso como un malentendido y prácticamente responsabilizó a las víctimas de haber malinterpretado las señales.

Ambos sucesos ocurrieron en la Plaza de los Coches. Esta fue, desde los primeros días del nuevo gobierno, el epicentro de su política de control policivo de las áreas turísticas y del centro histórico. La Alcaldía, inclusive, cerró la plaza con vallas para regular el acceso, una medida pensada, sobre todo, para impedir el ejercicio del trabajo sexual en el sector. Esta medida, que formaba parte del Plan Titán —la estrategia de seguridad de la Alcaldía que, hasta la fecha, no ha rendido sus frutos—, impactó negativamente a los vendedores ambulantes, quienes vieron limitado el acceso a su lugar de trabajo.

Los sucesos en torno a la plaza son una expresión de uno de los problemas históricos del turismo en el Caribe: la existencia de prácticas que regulan el acceso a las áreas turísticas y que privilegian a los turistas, mientras restringen o condicionan el acceso de los ciudadanos. En ciudades como Cartagena, este tipo de medidas afectan particularmente a mujeres y personas afrodescendientes, cuyos cuerpos son criminalizados al ser percibidos como transgresores o ajenos a los espacios turísticos.

Este problema se origina, al menos, por tres factores: primero, la relación de desigualdad económica entre turistas y residentes, que les permite a los primeros, en virtud de su capital económico, acceder a espacios virtualmente vedados a los residentes; segundo, los esfuerzos históricos para establecer la segregación espacial entre turistas y residentes bajo la premisa de la exclusividad; y, tercero, los imaginarios racistas que criminalizan a las personas negras y ven en su presencia y uso de los espacios públicos una amenaza o una transgresión del paisaje turístico.

En otros lugares del Caribe, estos mismos factores han dado lugar a manifestaciones extremas de racismo, como ocurrió en Nassau (Bahamas) a inicios del s. XX, donde se implementó un modelo de segregación racial que parecía una copia del modelo segregacionista del sur de Estados Unidos. En Cartagena se manifestó de manera más sutil, pero no menos efectiva: a través de la persecución sistemática de las ventas ambulantes, practicada en su mayoría por personas negras, o mediante la implementación de medidas que desalentaban el acceso de los ciudadanos a las áreas turísticas, con el fin de preservar su exclusividad. Ambas medidas tenían sanción oficial y eran ejecutadas por las fuerzas de policía.

Así las cosas, no es coincidencia que en la actualidad el uso de códigos de vestimenta o la reserva del derecho de admisión —criterios supuestamente desprovistos de sesgo racial— afecte a ciudadanos afrodescendientes, particularmente en el contexto de las áreas turísticas. Este tipo de prácticas no surgen de la nada y, por el contrario, tienen bases históricas que se han perpetuado y actualizado a pesar de los avances en materia de derechos ciudadanos.

Estamos, entonces, ante un problema de raíces históricas y estructurales cuya solución requerirá acciones de igual nivel. Hay que comenzar por establecer un modelo de desarrollo turístico que no se sustente en la segregación espacial y que no fomente aún más la desigualdad de base entre ciudadanos y turistas.

Delia Zapata Olivella fue una de las mujeres colombianas más importantes del siglo XX. Su labor artística contribuyó a reconocer la centralidad de la cultura negra y popular en Colombia. Aunque nació en Lorica en 1926, su vida estuvo estrechamente ligada a Cartagena y Bogotá.

Siendo apenas una niña, Delia comenzó a cultivar su amor por el arte y las danzas populares. Se le veía en los cabildos de Cartagena y participando en los festejos de las fiestas novembrinas. Como era de esperarse, debió superar las barreras propias de la sociedad cartagenera. Delia fue una de las primeras mujeres en ingresar al bachillerato de la Universidad de Cartagena. Cuando solicitó su matrícula, los directivos del recinto no tuvieron más remedio que permitirle el ingreso, aunque los estatutos no contemplaran la admisión de mujeres.

En 1947, Delia Zapata Olivella ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Cuando sus compañeros, deslumbrados por su belleza, le pidieron postularse para un reinado universitario, ella respondió: «Siempre y cuando el concurso sea para elegir a la más negra». Según cuenta su hermano, el escritor Manuel Zapata Olivella, en su libro «Levántate Mulato», ella «había comenzado a tomar conciencia de su identidad cuando sus condiscípulos, muchos de ellos negros, aún nadaban en los complejos raciales».

Aunque es ampliamente reconocida por su labor artística, se habla menos de su labor académica. Desde la década de los 50, trabajó con su hermano Manuel en el registro de las tradicionales musicales y folclóricas de los pueblos del Caribe colombiano. En la década de los 60, siendo investigadora del Instituto de Cultura Popular, participó junto a su hermano y el investigador estadounidense George List en una investigación sobre etnomusicología en Colombia.

En un texto todavía inédito, y que reposa en los archivos personales de Delia Zapata Olivella en la Librería de Colecciones Especiales de Vanderbilt University, ella expresó su fe en la educación: «Mis experiencias en este campo me han ido madurando lentamente y en los diferentes periodos que me he dedicado a transmitir mis conocimientos, he descubierto grandes posibilidades de utilidades para el país.» Sobre su labor pedagógica comentó: «[…] enseñar no es lo mismo que bailar; para enseñar se necesita una mayor preparación, un conocimiento profundo del tema que se está enseñando y entonces hay que ir hasta el fondo y a la vez hacerlo entender a los demás.» Delia dedicó largos años de su vida a la formación artística en las aulas de varias universidades bogotanas, como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Central. Creó la carrera de Danzas y Teatro tradicionales en la Universidad Antonio Nariño.

Delia Zapata Olivella murió en 2001 en Bogotá. Un colegio público de esa ciudad lleva su nombre. En 2023, un complejo artístico y cultural construido alrededor del Teatro Colón fue bautizado en su honor. Hoy se le conoce como el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Hace poco, el cantante cartagenero Juan Carlos Coronel lanzó su último álbum y en una de sus canciones le rinde un sentido homenaje a Delia Zapata Olivella. Esta lleva por título: «Mariposa negra» (https://www.youtube.com/watch?v=9MewBJyicP0).

Para conocer más sobre el legado de Delia Zapata Olivella, ver los trabajos de los investigadores Carolina Marrugo, Carlos Alberto Valderrama y Juan Suárez Ontaneda.

Para consultar el archivo personal de Delia Zapata Olivella: (https://collections.library.vanderbilt.edu/repositories/2/resources/1787)

Transcurría 1956 cuando Cristina llegó a Bogotá para continuar con sus estudios. Apenas tenía 12 años. Era la hija de una familia acomodada de Lorica. Lo único que sabía de Bogotá es que era la capital del país, que era fría, que estaba llena de cachacos y que quedaba lejos. Su viaje desde su pueblo natal fue una auténtica odisea. Primero, tomó un barco en el muelle sobre el río Sinú. Ella, que iba acompañada de su padre, viajó a bordo del «Damasco», un barco de propiedad de un inmigrante sirio. Era modesto pero cómodo. Tenía camarotes y no permitía el ingreso de animales.

Salieron en el barco de las 4 pm y llegaron a Cartagena a las 7 am del día siguiente. Se fueron por carretera hasta Magangué y luego tomaron un barco a vapor para remontar el río Magdalena hasta el puerto de Honda. Allí tomaron el tren que los a llevaría Bogotá. «Yo odiaba esa ciudad», recuerda Cristina. «Gris, fría, distante, conservadora […]». Su padre la dejó en un internado para que hiciera el bachillerato. Él, que había crecido en el seno de un hogar campesino sin contar con mayor educación, se empeñó en que su hija se educara, aunque los códigos de la época dictaran que las niñas no necesitaban educarse para servir al propósito de convertirse en esposas y madres.

Con los años se acostumbró a la vida en Bogotá. «Ya nada me asombraba, ni los cafés, ni los carros, ni los tranvías, ni los buses. Ya todo eso hacía parte de mí», decía. Tras sobrevivir al internado, que ella recuerda como una cárcel, Cristina terminó el bachillerato. En 1962, regresó a Lorica para ser presentada en sociedad en uno de los clubes del pueblo, como era costumbre entre las familias acomodadas. Pero ella quería seguir estudiando. No sabía qué, ni dónde. Hasta que un día, hojeando el periódico, encontró una noticia que resultó siendo una revelación.

Se trataba de una noticia sobre Miguel Ghisays Ganem, un psiquiatra formado en la Universidad de Cartagena, que se había especializado en Europa y que había regresado al país para poner en práctica los conocimientos más novedosos en psicoanálisis y psicología. Cristina nunca había escuchado esas dos palabras. Pero sabía que le interesaba la mente y que no quería ser ni médica, ni abogada. Envió telegramas a universidades en Cartagena y Barranquilla preguntando si podía estudiar eso que llamaban psicología. En ninguna de las dos ciudades había esa carrera.

Finalmente, una institución en Bogotá le dio respuesta a uno de sus tantos telegramas. Fue así cómo terminó de vuelta en aquella ciudad que había odiado con fervor hasta volverla parte de sí misma. Esta es la historia de Cristina Polo Díaz, una de las primeras mujeres en estudiar Psicología en la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy, a sus 81 años, está retirada y vive al lado de su familia. Cristina, que todavía goza de una memoria prodigiosa, le confió sus recuerdos a su nieto, Manuel Núñez, quien reconstruyó su historia de vida como parte de nuestro curso de Historia Latinoamericana en el siglo XX.

Hace un par de semanas, la Alcaldía de Cartagena anunció el inicio de las obras del Nuevo Chambacú. Se trata de un complejo deportivo ubicado en las puertas de la ciudad amurallada y que contará con canchas de fútbol, baloncesto y voleibol, además de pistas para running, cicloparqueaderos, un skate park, parques infantiles, zonas de baños públicos, camerinos y amenidades para turistas y locales. El complejo, cuyo costo asciende a $47 mil millones de pesos, es uno de los proyectos más importantes del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz. 

En ese mismo lugar, donde hoy se levanta una valla institucional que promete hacer del completo deportivo un espacio de “integración y felicidad para los cartageneros”, estuvo el barrio Chambacú, un asentamiento informal que existió entre los años 20 e inicios de los 70. Fue el hogar de cientos de familias empobrecidas que provenían de otros barrios y corregimientos de la ciudad. Eran, en su gran mayoría, personas afrodescendientes. Hasta inicios del siglo pasado aquel sitio era una isla rodeada de mangles que alguna vez había pertenecido a Soledad Román, la esposa del presidente Rafael Núñez, y que ella cedió al cochero de la familia en reconocimiento por los servicios prestados. La posesión del terreno pasó por varias manos hasta que fue adquirido por el Municipio en los años 30 y cedido de hecho a las familias que carecían de una vivienda para que ellas mismas se construyeran un techo. Para mediados de los años 50 el barrio contaba con cerca de ocho mil habitantes que vivían sin servicios públicos, escuelas u hospitales. Allí estuvieron hasta que el Instituto de Crédito Territorial y la Alcaldía de Cartagena los reubicaron en urbanizaciones en la periferia de la ciudad en 1971.

La historia de Chambacú, no obstante, no inició en el siglo XX. Durante la colonia era el sitio donde libres, personas esclavizadas y miembros de las naciones africanas que vivían en la plaza fuerte se reunían para cantar y bailar al son de los tambores. Se dice que hombres y mujeres esclavizadas se fugaron a través de la espesura de sus manglares para irse a buscar refugio en los palenques de la Sierra de María y el Canal del Dique.

A lo largo de su historia contemporánea Chambacú adquirió otros significados. Tras la remoción del barrio en 1971, el área donde alguna vez vivieron cientos de familias empobrecidas se convirtió en el depósito de imaginarios y proyectos para la ciudad del futuro. Durante años dirigentes, empresarios y ciudadanos en general debatieron sobre cuál debía ser el destino de ese territorio aparentemente virgen a las puertas de la ciudad amurallada. Inclusive, antes de que las familias de Chambacú fueran reubicadas, los dirigentes proponían la construcción de un Centro Turístico Internacional, un complejo de edificios de altura que incluiría oficinas, hoteles, comercio y un centro de convenciones. También se propuso la construcción de un barrio de clase media, una concentración escolar y en un centro recreacional con parques y canchas deportivas. Las propuestas se fueron diluyendo con los años y todo quedó en nada. A inicios de los años 90, una fracción del terreno pasó a manos particulares en un esquema que muchos calificaron de fraudulento y que involucró a miembros de la élite local y nacional, incluyendo un exalcalde, un ministro y un expresidente. El suceso, que fue conocido como el “Escándalo de Chambacú”, terminó en una investigación judicial que nunca prosperó. En esa fracción de terreno se construyó a finales de los años 90 un edificio de oficinas que, junto a una pequeña estación de policía, fueron los únicos inquilinos de un lugar que algunos imaginaron como la ciudad del futuro.

Para inicios del nuevo siglo Chambacú se había convertido en un sinónimo de corrupción. La historia del barrio y de los miles de personas que lo forjaron se perdió en los recovecos de la memoria colectiva local. Borrado de las páginas de la historia oficial, su recuerdo sobrevivía apenas en las páginas de “Chambacú, corral de negros”, una novela de Manuel Zapata Olivella, o en la canción “Chambacú”, interpretada por Totó la Momposina. La remoción física del barrio y la labor de la historiografía tradicional de la ciudad, más preocupada por las historias de conquistadores, piratas y próceres, silenciaron la memoria negra de Chambacú y también excluyeron de los anales de la historia uno de los episodios más importantes de su evolución urbanística. 

¿Hasta qué punto la construcción del Nuevo Chambacú de la alcaldía Dumek Turbay Paz terminará cimentado el ocaso de la memoria negra de este lugar? ¿El complejo deportivo terminará sepultando entre concreto y grama la memoria de los hombres y mujeres afrodescendientes que resistieron a la pobreza y el racismo durante varias décadas del siglo XX? Se sabe que el proyecto contempla la construcción de “monumentos a personajes ilustres”. ¿Quienes seleccionarán a los personajes ilustres que serán inmortalizados en bronce, mármol o cemento en el Nuevo Chambacú? ¿Habrá lugar para las personas negras que contribuyeron a forjar la historia de la ciudad y que hoy están marginadas de la red monumentaria del centro de la ciudad, casi dedicada exclusivamente a hombres blancos de la élite?

Los intelectuales negros del siglo pasado, conscientes de la centralidad de Chambacú en el imaginario socio-espacial, así como del silenciamiento de la memoria negra, propusieron la construcción de monumentos alusivos a la historia de los afrodescendientes en la ciudad. En 1974, el escritor, médico y diplomático Juan Zapata Olivella propuso en una columna de prensa elevar un monumento a Benkos Biohó “en las nuevas estructuras deportivas de Chambacú […] que conlleve un reconocimiento a la raza negra traída a la fuerza del continente africano”.

La selección de los monumentos no debe hacerse a puerta cerrada. Debe ser resultado de una convocatoria amplia que reconozca los distintos relatos y propuestas estéticas que coexisten en Cartagena. Inclusive, en un acto de justicia a favor de los miles de hombres y mujeres que alguna vez fueron desalojados de Chambacú bajo la promesa de una mejor vida (promesa que quedó en el tintero), se debería convocar a los supervivientes del traslado y a sus descendientes para que participen de la selección. Parafraseando la canción interpretada por Totó la Momposina, que sea Chambacú quien escriba su propia historia. 

Aunque cada 20 de julio se conmemora la independencia de Colombia, el 20 de julio de 1810 no tuvo lugar dicho acontecimiento. Por el contrario, la junta de gobierno que nació aquel día juró gobernar en nombre de «nuestro amado Monarca Don Fernando VII» como reza el acta de la constitución del Cabildo Extraordinario que se celebró en Santa Fe aquel día. Entonces, ¿Cuál fue la primera ciudad en declarar su independencia en la actual Colombia?

Para dar respuesta a esta pregunta haremos un listado de varias actas y declaratorias, es decir, actos cívicos y políticos en los cuales un grupo de vecinos expresó su posición frente al dominio español entre 1810 y 1811, sin considerar hechos bélicos ocurridos en el contexto de las guerras por la independencia.

Veamos el caso de Cali. El 3 de julio de 1810, sus vecinos expresaron su parecer frente a la ocupación de España por parte de Napoleón Bonaparte, quien había hecho prisionero al rey Fernando VII. En su acta los vecinos de Cali se reconocían como súbditos del rey prisionero pero le pedían que viniera a gobernar entre los americanos. Desconocían, por lo tanto, el mando del Consejo de Regencia, el cual había sido establecido en Cádiz para gobernar en nombre de Fernando VII. Seguían afirmando, eso sí, su pertenencia al Reino de España y su fidelidad al rey.

¿Qué hay de Mompox? Se ha dicho que el 6 de agosto de 1810, declaró su independencia absoluta. No obstante, el acta nunca ha sido encontrada. Un artículo del historiador Daniel Gutiérrez sugiere que tampoco se declaró la independencia aquel día. Gutiérrez ha encontrado documentos promulgados por la junta de gobierno que nació en esa fecha. Estos aclaran que la junta gobernaba en nombre del «Rey Nuestro Señor Don Fernando VII». Los vecinos de Mompox seguían reconociéndose como súbditos del Reino de España. No obstante, se desligaron de la autoridad del Consejo de Regencia y del gobierno de la Provincia de Cartagena.

El acta del 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, por el contrario, ratificó la independencia absoluta con respecto a España. Decía: «se halla absuelta de toda sumisión, vasallaje, obediencia, y todo otro vínculo de cualquier clase y naturaleza que anteriormente la ligase con la corona y gobierno de España, y que, como tal Estado libre y absolutamente independiente». Esta constituye, entonces, la primera declaración de independencia absoluta en lo que hoy corresponde a Colombia.

Así las cosas, ¿Por qué conmemoramos la independencia el 20 de julio? Según el historiador Raúl Román, al declarar esa fecha como el día de independencia en 1873, las élites andinas intentaron construir un narrativa que permitió construir un relato único sobre la memoria colectiva de la nación. Esta elección visibilizó los hechos de Santa Fe a costa de silenciar otros hechos ocurridos a lo largo del país.

De cualquier modo, los hechos ocurridos en todas estas ciudades constituyen manifestaciones de soberanía popular y de apropiación de conceptos y formas modernas de sociabilidad política. Todas labraron el camino a la independencia.

Visité República Dominicana hace poco. Aunque fue gratificante conocer un lugar tan parecido al Caribe colombiano, también fue perturbador descubrir la manera en como los discursos históricos son instrumentalizados para perpetuar la discriminación hacia sus vecinos haitianos.

Conocí el centro histórico de Santo Domingo de la mano de un guía turístico. El recorrido inició en la Plaza Colón, la plaza mayor de la ciudad. A diferencia de lo que pasa en Colombia o Argentina, la plaza mayor de la capital no evoca a un prócer o a un hito de la independencia. En el caso de República Dominicana, esta lleva el nombre de Cristóbal Colón. Y en el centro de la misma hay una estatua que le rinde homenaje. A sus pies se encuentra la figura de Anacaona, una cacica taína ejecutada por los españoles en 1504 por sospechas de insurrección.

Los nombres de las calles/plazas y los monumentos le rinden homenaje a la «madre patria». Esta es la materialización del culto a la hispanidad que el dictador Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó el país entre 1930 y 1961, y el presidente Joaquín Balaguer, uno de sus sucesores, cultivaron cuidadosamente durante el siglo XX, en parte, para posicionarla dentro del mercado turístico del Caribe.

En buena medida, los dominicanos construyeron su identidad nacional a partir de lo hispano y en oposición a lo haitiano. Los dominicanos se enuncian como blancos o indios/taínos y católicos. Los haitianos, por el contrario, son representados como negros y amantes del vudú. El discurso histórico ha servido para cimentar ese paradigma de diferenciación. El relato de nuestro guía lo hizo evidente. Mencionó con insistencia el «yugo haitiano», para referirse a la ocupación del país por parte de Haití entre 1822 y 1842. La red de monumentos y los nombres de las calles y plazas, cuando no rendían culto a lo hispano, celebraban a los próceres que lideraron la independencia frente a Haití.

Encontré varios lugares de la memoria que homenajeaban a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, los líderes de la causa. Encontré menos de Gregorio Luperón, el general afrodescendiente y de origen haitiano que luchó contra la ocupación por parte de España entre 1863-65, conocida como la Guerra de la Restauración. No encontré un solo monumento o calle/plaza que recordara a José Núñez de Cáceres, un criollo que declaró la primera independencia en 1821 y que intentó, sin éxitos, integrar el país a la Gran Colombia. Luego supe que una avenida y un parque, lejos del centro histórico, llevan su nombre.

El discurso histórico recreado a través de monumentos y espacios públicos ha construido una memoria que hace énfasis en los hitos fundacionales que distinguieron a República Dominicana de Haití. Estos también han servido para crear una oposición entre lo dominicano y haitiano.

En los últimos años, el Estado dominicano ha reglamentado dicha distinción al redefinir los términos de la ciudadanía dominicana a través de la sentencia 168/13, dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional. Esta redefinió los términos de la ciudadanía dominicana al establecer que solo eran dominicanos aquellas personas nacidas en suelo dominicano y cuyos padres fueran ciudadanos o extranjeros radicados legalmente en el país.

La sentencia tiene efectos retroactivos desde 1929. Esto desnacionalizó al menos a cuatro generaciones de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana convirtiéndolos en apátridas en el suelo donde nacieron sus padres, madres, abuelos y abuelas. Esta situación ha sido denunciada como violatoria de los derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Human Rights Watch.

¿Hasta qué punto la memoria histórica ha permitido la configuración de prácticas legales y cotidianas de discriminación racial en República Dominicana? No hay manera de responder esta pregunta en tan pocas líneas, pero al menos si nos permiten reflexionar sobre la responsabilidad ética que nos atañe como profesionales de la Historia.

¿Qué está sucediendo entre Venezuela y Guyana? En las últimas semanas el conflicto limítrofe por el Esequibo, una extensa área territorial de 160 mil kilometros cuadrados, ha venido escalando. Los más pesimistas temen que Venezuela ocupe militarmente la zona que Guyana reclama como propia. Estos últimos han movilizado tropas para asegurar el orden en la frontera. ¿Cuál es el origen de la disputa?

Guyana fue una colonia británica hasta su independencia en 1966. Por tal motivo, en un principio, el conflicto limítrofe enfrentó a Venezuela con el Imperio Británico. Venezuela argumentaba que el Esequibo hacía parte de la Capitanía General de Venezuela desde su creación en 1777. En virtud del principio Uti possidetis iure (como poseías, seguirás poseyendo), el gobierno venezolano sostiene que los territorios que algunas vez hicieron parte de la capitanía pasaron a manos de Venezuela tras la independencia.

La disputa, que inició durante el s. XIX, se saldó, aparentemente, con la firma de un tratado de arbitraje entre Reino Unido y Venezuela en 1899. El tribunal arbitral reconoció la soberanía de los británicos sobre el Esequibo. Pero, en 1962, Venezuela pidió la nulidad del mismo al considerar que el tratado había fijado las fronteras de manera arbitraria y sin respetar las reglas del derecho internacional. En 1966, los gobiernos de Reino Unido, Venezuela y la recién independizada Guyana firmaron un acuerdo reconociendo la existencia del litigio.

Entre 1982 y 1999, Guyana y Venezuela intentaron resolver sus diferencias sin mayores éxitos. El diferendo se archivó temporalmente durante el gobierno de Chavez debido, en parte, a sus buenas relaciones con el gobierno de Guyana. Esto cambió en 2015, ¿Por qué? Desde el 2014 se descubrieron decenas de yacimientos de petróleo en áreas costeras del Esequibo, siendo el más importante el Bloque Staproek. Se han descubierto cerca de 11.000 millones de barriles de petróleo y gas. La zona del Esequibo también es rica en oro. Guyana, en asocio con la ExxonMobil, ya inició labores de exploración y se espera que la extracción de petroleo empiece en 2025.

Mientras tanto, Venezuela prepara un referendo para preguntarle a la ciudadanía cómo proceder frente al litigio. El texto propone la creación del estado de Guayana Esequiba, como parte de Venezuela, y el otorgamiento de la ciudadanía venezolana a los habitantes del Esequibo. La zona es habitada por pueblos indígenas que historicamente han vivido en ambos lados de la frontera. Estos grupos indígenas, como los Arawako o los Warao, han denunciado persecuciones por parte de las autoridades venezolanas, que ahora ejercen labores de control territorial en la zona, y que los consideran como inmigrantes indocumentados.

Por lo pronto, la Corte Internacional de Justicia, el organo judicial de las Naciones Unidas y que estudia el caso, le ha pedido a Venezuela que no haga nada “que modifique la situación que actualmente prevalece” en el territorio en disputa del Esequibo.

Hace unas pocas semanas, la Corte de la Haya falló en contra de la demanda de Nicaragua sobre el mar del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este fallo reconoce una vez más la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. ¿Cuáles son los orígenes históricos de esta disputa?

En 1803, la corona española puso el archipiélago y la costa de Mosquitos, en el este de la actual Nicaragua, bajo la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada. Esto se hizo con la intención de que existiera un mayor control sobre el territorio, el cual era habitado por indigénas Misquitos. Estos habían vivido al margen de la jurisdicción de la autoridad colonial española y solían establecer alianzas con los enemigos del imperio, particularmente, los británicos. La costa de Mosquitos, no obstante, regresó al control de la Capitanía General de Guatemala años después.

En 1928, las repúblicas de Nicaragua y Colombia, ya convertidas en países independientes, firmaron el tratado Esguerra-Bárcenas que reconocía los límites fijados a finales de la colonia. En ese entonces, Nicaragua se encontraba bajo ocupación militar estadounidense. Un año antes, los Estados Unidos habían enviado cientos de marines para ocupar el país y cuidar de sus intereses en el contexto de una confrontación bélica entre liberales y conservadores.

Esto último fue el argumento invocado por Nicaragua, en ese entonces gobernada por los sandinistas, en lo años 80 para pedir la nulidad del tratado: este era ilegal porque no fue fruto de una decisión soberana y, por ende, no tenían porqué renunciar a la soberanía sobre el archipiélago, el cual se encuentra aapenas a 110 kms de Nicaragua. La costa norte de Colombia está a 720 kms.

No obstante, en el 2007, la Corte emitió una primera resolución que reafirmó la soberanía colombiana sobre el archipiélago pero que dejó la puerta abierta para que Nicaragua ganara exclusividad económica sobre una parte del área marítima, cosa que consiguió en el 2012. Aunque Colombia sale victoriosa con la decisión que recientemente tomó la Corte, el pueblo raizal de San Andrés sigue afectado por las rupturas diplomáticas existentes entre Colombia y Nicaragua. Para los raizales, su territorio sobrepasa las fronteras entre ambos países. Históricamente, tenían estrechas relaciones con la costa de la actual Nicaragua y había familias hermanadas en ambos lugares. Las fronteras actuales, trazadas sin el consentimiento de los raizales, fracturaron una unidad histórica.

Para conocer más sobre la historia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ver los trabajos de Sharika Crawford, Raúl Román y Antonino Vidal